Segunda llamada para el libro
Reforma (30 de diciembre, 2007)

Miguel Durán

Elaborada de manera conjunta por un grupo de editores, libreros, escritores y promotores culturales, la ley buscaba ser el primer paso hacia una política integral de formación de lectores y difusión de la lectura. No se trata de un asunto menor: México ocupa los últimos lugares en lectura a nivel mundial, superado incluso a escala regional por países como Brasil, Cuba, Chile, Colombia y Argentina.

Los hábitos de lectura del mexicano promedio son simplemente penosos al compararlos con los de Japón, Noruega o Canadá, en donde el promedio de libros leídos per cápita es cercano al medio centenar al año (en nuestro país, la cifra es de 1.8 libros al año). Pero México no es el último de la fila en todos los rubros: en lo referente a fotocopiado y piratería de libros, ocupa el primer lugar de Iberoamérica. Las mismas escuelas toleran e incluso promueven el uso de las fotocopias.

Pero si la demanda es pobre, la oferta resulta equiparable, al menos en cantidad. Hoy existen menos de mil librerías en todo el país (una librería por cada 100 mil habitantes), las cuales se concentran en la Ciudad de México, mientras que en España, con 50 millones de habitantes, hay más de 3 mil librerías. Al conocer estas cifras se comprende mejor el porqué de los pésimos resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos en evaluaciones de carácter internacional.

La promoción de la lectura debería ser una tarea obligatoria para un Estado preocupado por el desarrollo integral de sus ciudadanos. Incluso desde una perspectiva pragmática, resulta evidente que la falta de una educación adecuada y comprensiva limita las posibilidades de acceder a un mejor nivel de vida. La pregunta que quizá muchos se harán será por qué fue vetada la ley del libro.

Entre los puntos incluidos en dicha legislación se contemplaba el establecimiento de un precio único en ciertos libros como estrategia para impulsar, ya no digamos la apertura de nuevas librerías, sino la supervivencia de las existentes. La disminución del número de estos establecimientos ha sido producto en buena medida de la voraz competencia que representan los supermercados y los grandes almacenes. Así, el precio de un mismo texto puede variar de un supermercado del Distrito Federal a una librería de Monterrey. El esquema actual resulta particularmente desfavorable para los pequeños comercios independientes y para propios lectores, en especial para quienes no viven en la capital.

Considerar a un libro como una mercancía equiparable a un tostador denota claramente un desconocimiento de la cuestión. Proteger la diversidad que representan las librerías debería ser una tarea prioritaria para los encargados de la política cultural del país. Desafortunadamente esto no ha sido así. Malaconsejado por Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, Fox vetó la ley por considerarla contraria a los principios de la libre competencia. De este modo, lo que pudo haber sido el inicio de una verdadera estrategia de promoción de la lectura quedó en el limbo legislativo.

A pesar de que los argumentos a favor de la ley del libro han sido abundantes y de mayor peso que los cuestionamientos utilizados en su contra, una cosa resulta evidente: se trata del primer paso hacia un país de lectores efectivos.

Debatir si el precio único ocasionará la desaparición de más librerías es como preguntarse si la quimioterapia afectará la vida social del enfermo de cáncer; a estas alturas, las opciones no son muchas ni muy promisorias, pero cualquiera parece mejor que la inmovilidad del temor y la duda.

Vaya entonces un deseo para que, tras un año en el congelador, la ley del libro sea retomada por el Congreso en el 2008.