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Rafael Martínez Alés No tengo idea de lo novedoso que para ustedes puede resultar el tema que hoy nos convoca. He aquí una de las dificultades con las que me encuentro al comienzo de mi intervención. Desde mediados de los años setenta, el modelo convenido para fijar Nunca en la historia de la edición se ha producido un desarrollo tan acelerado y nunca la producción de títulos fue tan espectacular. Tampoco, en términos absolutos, el conjunto de los intereses en juego en el ámbito de la creación produjo tanta alarmante banalidad cultural. Hablar de ello ahora sigue siendo una necesidad, aunque sólo aparentemente los ruidos y los acalorados debates hayan disminuido de intensidad. No puedo, pues, como superviviente de otra etapa relativamente más tranquila, dejar de agradecer al BID y a la UNESCO la oportunidad de reunirnos para que juntos comprobemos que las metáforas no han ahogado los verdaderos problemas y que en esta especie de calma transitoria y aparente, cada vez más personas se incorporan al debate y sustituyen el silencio del cementerio al que parece condenada la creación literaria y artística. ¿En qué consiste esta historia del precio fijo de los libros? ¿Por qué no solo no nos hemos puesto de acuerdo en relación a los dos modelos principales —precio fijo o único de los libros y precio libre— sino que hemos inventado otros modelos, como el del descuento libre que añade todavía nuevas dosis de perversión? ¿Por qué hemos perdido tanto tiempo, incluso de la mano de la Comisión Europea, hasta haber llegado a unos niveles de aburrimiento que sitúan el problema en un horizonte sin consenso visible? El problema es antiguo. Se planteó en Inglaterra a fines del siglo XIX. En su dimensión económica y cultural, su discusión es relativamente reciente. Creo no equivocarme si digo que coincide con las primeras afirmaciones francesas que tanto hemos repetido después, sobre la idea de que el libro no es un producto como los demás. En efecto, el libro es un vector privilegiado de la difusión de la cultura y su economía se distingue por diversas singularidades: un número de referencias disponibles sin parangón con cualquier otra industria, en crecimiento exponencial, títulos que son casi todos ellos prototipos, con una rentabilidad aleatoria que requiere un equilibrio denominado de otra manera "perecuación" o reparto equilibrado de cargas entre best-sellers y libros de rotación lenta. De estas características se desprende otra exigencia más importante: un libro debe estar presente lo más cerca posible del lector, bajo pena de no encontrar jamás su público. La reflexión sobre los circuitos de difusión del libro y, particularmente, sobre el lugar que corresponde a la librería, está pues íntimamente ligada a aquella que se soporta en las evoluciones de la creación y de producción. Estas palabras tomadas de un documento de convocatoria de una de las grandes reuniones para tratar de unificar el modelo europeo (Estrasburgo, 2000), son un buen punto de partida. La cultura que se soporta en el libro debe protegerse de los efectos nefastos de la amenaza del capitalismo internacional y de su fe ciega en los beneficios de la libre competencia. Las condiciones que exigía Adam Smith para definir un mercado libre no se cumplen en el mundo de la cultura, como, sin duda en muchos otros sectores. Los perjuicios de una total libertad de mercado se conocen bastante bien; sólo desde posiciones dogmáticas o supuestamente interesadas se ignoran las trampas que en muchas ocasiones acompañan a los beneficios derivados del ejercicio de la libertad. La competencia sin limitaciones favorece, en principio, la diversidad y limita el alza de los precios, pero pronto la emergencia de empresas dominantes en los circuitos de producción y distribución conduce a la formación de oligopolios o monopolios a los que nada puede impedir aumentar su rentabilidad a costa de los consumidores, subiendo los precios y estandarizando los productos. Para contener esta fatal concentración, tanto más rápida y probable cuando el sector reúne determinadas características, como creemos que es el sector del libro, desde principios de siglo se han desarrollado legislaciones nacionales e internacionales que protegen a la competencia de ella misma, defendiéndola y regulándola. Frente a los dogmas, pues, surgen marcos económicos más complejos y las excepciones, lejos de representar una actitud regresiva, son precisamente quienes mejor defienden la supervivencia de una economía de libre mercado. La industria del libro es especialmente vulnerable a los riesgos de la concentración porque, al dirigirse con un gran número de referencias a un gran número de clientes, pertenece a la llamada economía del prototipo, donde el éxito comercial de un título nuevo no puede jamás deducirse del éxito de otro precedente y donde la demanda es imposible de calcular y los beneficios son mucho más aleatorios que las pérdidas. El problema de fondo relacionado con el precio fijo no es un combate contra las grandes superficies, ni contra otros grandes operadores; es la defensa de un modelo que no está pensado para premiar a los pequeños sino para impedir una guerra temporal de descuentos que, simplemente, los condena a desaparecer. Como dijo en cierta ocasión un conocido novelista español en el fragor de una discusión sobre los modelos posibles, "a estos defensores del precio libre les condenaría a tenerse que proveer de libros en el futuro en grandes superficies, exclusivamente". La polémica, pues es de naturaleza compleja y su percepción actual sigue conservando esta característica. Cultura e industria, o mejor, cultura y economía se entrecruzan y se agreden. Y en el fondo muchos creemos que estamos librando una batalla por la libertad. Esta afirmación es la que más irrita a quienes defienden el precio libre. Pero no deja de ser cierto, pues lo que nadie duda es que el modelo de precio fijo ha permitido y permite la supervivencia de un número considerable de librerías independientes y garantiza la diversidad de los catálogos y de los contenidos editoriales. La primera idea que se le viene a uno a la cabeza cuando se aproxima a esta polémica es la de si la prohibición de los descuentos no es un factor de encarecimiento de los libros. ¿Por qué impedir que unos comerciantes recorten su margen de beneficio y vendan más barato que otros? ¿Por qué hacerlo, además, mediante normas obligatorias? ¿Por qué limitar de esta forma la competencia?: Pues, por paradójico que parezca, para mantener la competencia misma y para garantizar precios más bajos. En efecto, un centro comercial poderoso siempre puede convertir su sección de librería en un mero reclamo vendiendo a precio de coste, es decir, a pérdidas, artículos que pueden representar un pequeño porcentaje de su cifra de negocio. La pérdida es pequeña y es, además —y esta es la idea subyacente a toda guerra de precios— transitoria, porque, una vez eliminados los competidores, ese centro comercial estará en mejores condiciones para presionar a sus proveedores y mejorar sus ¡márgenes. El precio de venta aumentará, además, porque la concentración de la oferta reduce el número de puntos de contacto entre el libro y su público, lo que hará disminuir el número de compras por impulso, tan frecuentes y decisivas cuando de libros se trata. Como sus costes de producción son altamente decrecientes, su precio será automáticamente más elevado en la misma proporción en que se reducen compradores y ventas. En Francia, entre 1979 y 1981 se pudo verificar muy claramente este fenómeno y en la actualidad, tras la abolición de la Net Book Agreement, los testimonios que muestran los datos son concluyentes. E insisto en el daño cualitativo, medido en términos de desarrollo cultural, que se desprende de la disminución de la diversidad que es característica de una red editorial y librera equilibrada. Por contraposición a otros medios de acceder al conocimiento y a la información, cuyo número de actores está necesariamente limitado, sin que esté claro cómo podría ser de otra manera, las opciones que el libro ofrece son increíblemente diversas y su producción se expresa en todos los países desarrollados en decenas de miles de títulos nuevos cada año. La libertad de elección del lector es un valor muy superior a la libertad del comerciante, si aspiramos a una sociedad de ciudadanos libres. El ministro alemán Bangemann, actualmente Comisario europeo, no quería decir algo diferente cuando desde su condición de liberal se manifestó partidario del precio fijo de los libros, para no tener que subvencionar a las librerías como si fueran casas de cultura. Las experiencias nacionales demuestran que los libros son mas accesibles en aquellos países que han adoptado el modelo del precio fijo, frente a la condición de casi "desiertos culturales" de aquellos otros en los que los precios son libres. Estados Unidos, con más de 270 millones de habitantes apenas alcanza a producir en sus novedades literarias tiradas superiores a las españolas. En general, las industrias del libro se han desarrollado mejor donde el precio fijo ha generado un entorno favorable. Hoy, las grandes editoriales científicas y técnicas son alemanas y holandesas, mientras que la edición británica, a pesar de la enorme ventaja de su lengua, apenas vive de la venta de derechas a los editores extranjeros.. En el conjunto de los diversos problemas viejos y nuevos que hoy agobian y pueblan de incertidumbre el horizonte industrial y cultural de nuestras sociedades, a menudo problemas tenidos como pequeños, están produciendo grandes efectos. El modelo del precio de venta de los libros es, sin duda, uno de ellos. Hasta aquí nos hemos mostrado incuestionablemente partidarios del precio fijo. Formo parte de quienes se alinearon en este bando desde 1974, hace hoy casi treinta años. Vocacionalmente he defendido la cultura y su expresión librera como un sistema global cuya validez no se justifica solamente en función de su utilidad —directamente relacionada con la economía, como supuesta ciencia que adecua medios y fines y que se equivoca muy a menudo— sino también en función de su excepcionalidad. En realidad, incluso dentro de los más fervientes partidarios del precio único y defensores del modelo amparado en la Ley francesa de 1981, pueden encontrarse quienes admiten determinados niveles de ineficacia económica, pero ello apenas pesa nada al lado de su inmenso peso político, que es el de negar la dimensión (exclusivamente) mercantil del libro, confiriendo a su precio un carácter emblemático: confiando sólo al editor la responsabilidad de fijarlo, afirmando su intangibilidad y su unidad a lo largo y ancho del mercado, la legislación le confiere una significación específicamente democrática y defiende el dogma cardinal de los autores, para los que el precio participa de la identidad sagrada del libro. El debate del precio fijo no es sólo un debate económico, sino un debate de política cultural profunda. Ninguna política del libro puede olvidar su condición de vehículo de cultura para el mayor número de ciudadanos. No sólo para los que se contentan con el best-seller. No sólo para los que anhelan el estudio académico. No sólo para los que compran en las grandes superficies. No sólo para los que acuden a la librería más cercana. Del mismo modo, ¿por qué sólo han de vender libros quienes los tratan cono una mercancía equiparable a cualquier bien de consumo inmediato? Sólo sobrevivirán las grandes tiradas, los editores grandes, que no siempre son sinónimo de los grandes editores, en el ámbito de la cultura en el que la variedad de la oferta es, indiscutiblemente, la garantía de la libertad. En España, la regulación del precio fijo es de 1975, pero con anterioridad, en la práctica, nunca se cuestionó un modelo diferente. En la década de los 70 fue por primera vez objeto de una atención particular y apasionada, precisamente coincidiendo con una de nuestras etapas más expansivas y cuando se debilita una censura que había sido omnipresente. Sin duda también, importamos la polémica francesa surgida a partir de los descuentos que practicaba la cadena FNAC y, otros establecimientos parecidos. El modelo que se adopta por Ley es el del precio fijo (art.33 de la Ley del Libro de 1975) si bien debilitado por un texto confuso que requirió varios Decretos interpretativos, realmente, bajo la apariencia de simples desarrollos normativos. El requisito de imprimir su precio de venta en lugar visible daba a entender una cierta confusión entre lo que en medios cambios profesionales se entendía por precio fijo o único y la pretensión de los legisladores de que el precio de los libros no podía alterarse una vez que se producía su publicación, cualquiera que fuese la tasa de inflación. A pesar de los conflictos recurrentes en tomo a los libros escolares, no se produjeron cambios hasta que en junio del 2000 el Gobierno autorizó el modelo atípico y singular de los descuentos libres. Esta medida, precedida por una acalorada y agria polémica sigue en vigor y, si no pudo aplicarse esta disposición a la totalidad del comercio del libro, fue gracias a la eficacia y contundencia de una campaña nacional de la que casi nadie estuvo ausente. Todo el sistema librero se vio conmocionado por la incomprensible medida del Gobierno que autorizó descuentos ilimitados sobre el PVP de los libros de texto. La primera consecuencia que ello tuvo fue una contención en los pedidos, ante el temor de que los clientes se desplazaran de forma masiva en busca de unos descuentos con los que las librerías no podían en modo alguno competir. Pero al mismo tiempo, junto al desabastecimiento, los compradores sufrieron toda clase de incomodidades por el pésimo servicio ofrecido por quienes alardearon de altos descuentos, y se produjo un cierto reflujo hacia la librería y una cierta apreciación del trabajo profesional del librero tradicional. A dos años de esta experiencia, la valoración sigue siendo bastante negativa. Quienes resultaron más perjudicados han sido las librerías medianas y pequeñas y se estima que esta extensa red de cerca de 2300 puntos de venta han recibido un golpe en mortal en cerca de un 25% de sus efectivos. Los cierres están a la orden del día. La falta de eficacia de las grandes superficies para comercializar adecuadamente un producto tan complejo ha hecho inútil la medida para los consumidores, ya que los descuentos sólo han beneficiado a una mínima parte de la población (apenas un 5% de los alumnos) y sólo en las grandes ciudades. La medida, pues, ha resultado discriminatoria para la mayoría, ha dañado severamente el tejido librero de España, pero probablemente, preservará de nuevas experiencias "liberalizadoras" al resto de las tipologías. Podemos pues seguir incluyendo a España entre los países que practican el modelo del precio fijo. ¿Cuál es su inmediato pasado en Europa y hacia donde camina su regulación? En el Reino Unido, el modelo vigente, desde el abandono de la Net Book Agreement es el del precio libre. Históricamente defensor corporativo (no por mandato de ley alguna) del modelo del precio neto, en 1996, tras altercados con la propia Comisión Europea (1986) y la revisión de la Restrictive Practics Act (1989), a través de un simple comunicado, la industria editorial británica, que ofrecía ya altos grados de concentración, desmantela la NBA y se comienza a comercializar con descuento. Aunque la valoración de esta nueva experiencia británica, seis años después de su implantación, arroja más sombras que luces, con una importante reducción de las ventas (6,8%), un aumento general del precio medio de las ventas y una disminución importante de los empleos en el sector cercana a los 800 puestos de trabajo, la revisión del modelo parece poco probable. Una decisión comunitaria quizá diese la razón a los más optimistas. Alemania representa hoy uno de los países con una vertebración editorial y librera más sólida del mundo y su modelo de fijación del precio de venta de los libros sigue el modelo continental del precio fijo, sin que podamos precisar su origen. Basado en acuerdos interprofesionales, como lo fue la NBA británica, la Asociación profesional vigila su cumplimiento. La legislación en materia de la competencia exceptúa explícitamente los libros y el propio Parlamento aprobó una resolución en 1994 para que el Gobierno "hiciese cuanto estuviera en su mano para oponerse a cualquier iniciativa de nivel europeo que pudiera poner en peligro su modelo de fijación de precios". Alemania es, pues, hoy el país donde el modelo del precio fijo está más sólidamente instalado, donde nunca se ha cuestionado y desde el que se practica una defensa del sistema de forma más militante, No en vano es una sociedad donde el libro y la edición gozan de gran vitalidad. En Francia, que ha conocido tres modelos diferentes, la regulación del precio se mantiene estable —precio fijo o único— desde hace 22 años. El modelo aglutina ya la casi totalidad de los agentes del sector y viene contando (toquemos madera) con un apoyo político y gubernamental muy sólido frente a los cuales, los grandes del comercio, que presionan en aquellos países, como en Espada, donde están implantados, ya han abandonado sus propias reivindicaciones. Francia, además, ha acabado por convertirse en el paradigma europeo y su modelo, dialéctica y doctrinalmente muy elaborado, soportado en la conocida Ley Lang de 1981, ha sido adoptado recientemente por Portugal, Grecia y Austria y está en la mente de Italia. Suecia constituye un país que, como el Reino Unido, ha pasado de un mercado reglamentado, con modelo de precio neto o fijo, a un mercado desreglamentado con un modelo de precio libre y parece que esta transición relativamente reciente no ha causado grandes traumas. Su vuelta atrás no es, pues probable. En el conjunto de la Unión Europea, es decir, la dimensión comunitaria del debate sobre el precio fijo de los libros es permanente desde hace casi veinte años, sin que hasta el momento se haya fijado una posición clara y definitiva que aleje la discusión sobre si tal o cual modelo no vulnera las normas de UE en lo que respecta al comercio trasnacional o intracomunitario. El problema apareció en 1982 con la demanda Leclerc ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, continúa con la advertencia de la Comisión de Bruselas en 1983, juzgando la Ley Lang de anticomunitaria, aunque reconociendo, dos años después, su compatibilidad con los principios comunitarios. Los pronunciamientos de la Comisión y del Tribunal de Justicia se refieren a casos individualizados y a aspectos concretos de algunos de estos sistemas nacionales o trasnacionales: El tema, pues, todavía no está cerrado y parece que, pese al establecimiento de diversos principios, ni la Comisión, ni el Tribunal han aplicado nunca, hasta el momento, las normas comunitarias de la competencia a los sistemas normativos del precio fijo del libro. El mandato que recoge el apartado cuarto del artículo 128 del Tratado CE (hoy 151 de Tratado de Ámsterdam, ligeramente modificado) impone a las autoridades comunitarias la obligación de tener en cuenta la especificidad del libro como bien cultural y, en consecuencia, debe entenderse que los sistemas legales y convencionales han de ser considerados con suficiente flexibilidad. En el marco de estas reflexiones, a nivel europeo, parece que pueden existir objetivos legítimos de interés general y que puede demostrarse que el precio fijo resulta necesario, proporcionado y adecuado al fin que persiguen las excepciones a la libre circulación sin que nadie haya aportado una solución alternativa que, alcanzando idéntico fin, resulte menos restrictiva para la competencia. Una relativa oposición a los fundamentos del precio único representada por la Consulta de la Comisión sobre la NBA en 1988 y la oposición a todo el sistema transfronterizo del precio fijo en zonas lingüistas homogéneas ha sido, hasta ahora, infructuosa y solamente se aprovecha de un contexto incierto y turbio. Además, el abandono de la NBA en 1995 del que no se han hecho esperar efectos desfavorables y los cíclicos debates en España y en Noruega dificultan la adopción de criterios uniformes, incluso a pesar de que el precio fijo tiene ya fuerza de ley en Portugal (1996), en Grecia (1998) y en Austria (2000) y parece estar a punto de tenerlo en Bélgica. Pero la contestación en el seno de la Comisión, incomprensiblemente, parece continuar y así se vino manifestando durante los meses centrales del año, 2000, en vísperas de la Conferencia de Estrasburgo, en la que se consensuaron criterios y se elevaron recomendaciones a los órganos correspondientes de la Unión Europea; incluso se expresaron amenazas. La paradójica situación actual resulta, pues, difícil de entender desde una lógica ajena a los intereses de las grandes industrias de la comunicación pues el propio Consejo de Ministros ha reafirmado su adhesión al precio fijo y el Parlamento europeo, en 1999, adoptó ya una resolución pidiendo a la Comisión "mantener las medidas nacionales y regionales y armonizar las reglas sobre las bases del derecho francés, por medio de una directiva". El tema pues sigue sin resolverse y la batalla del precio fijo en Europa continuamente se replantea, en detrimento de una política común que, a medio plazo, debe superar la regulación Estado a Estado, para que prevalezca la noción de un "mercado interior comunitario". La falta de un marco jurídico común no impide, sin embargo, que el modelo mayoritario aplicado en Europa sea el de precio fijo que, de esta forma, se conoce también como modelo continental europeo. Para la edición pequeña y mediana, de corte independiente, esta es una cuestión esencial que debe abordarse sin reticencias ni ambigüedades. La creatividad se ha refugiado en los ámbitos periféricos de la industria, en casa de estos editores de menor dimensión, independientes de los grandes conglomerados, a los que no les da miedo la calidad y que defienden el valor simbólico de la edición frente al dogma de la rentabilidad. Es desde esta dimensión también industrial de corte tradicional donde los argumentos podrán, cargados de fuerza moral, horadar la roca de los grandes intereses excluyentes que confunden liberalismo con el ejercicio real de un poder a escala planetaria. Y ello, a pesar de sus reiterados errores estratégicos y su constante imposición de experimentos cuyos daños colaterales pueden llegar e ser irreversibles. París, 7 de agosto de 2002 |
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