La Ley del Libro, mentiras y dinero
Laberinto, suplemento de Milenio Diario (9 de septiembre, 2006)

José María Espinasa

El viernes 1 de septiembre de 2006 el presidente Fox vetó la Ley del Libro, considerando el asunto del precio único que en ella se proponía como violatorio de la libre competencia. Dicha ley, que había sido aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, tenía como intención sacar del marasmo y de la crisis a una industria, la del libro, que está sumida desde hace varias décadas en una lucha por los descuentos, en una guerra lamentable de rebajas y saldos. No sé si a eso se le llama libre competencia, en todo caso es un ejemplo de cómo hundir a una industria en otra época próspera y activa.

Cada cierto tiempo surge el escándalo: el mexicano lee medio libro por año, se ha cerrado “n” número de librerías, la mitad de los municipios del país no cuenta con una librería y tampoco con una biblioteca mínimamente surtidas. Alguien recordará lo ofendidos que nos sentimos cuando se dijo que estábamos por debajo de Haití, uno de los países más pobres del mundo, en el promedio de lectura. Esta ley pretendía reactivar la industria desde su relación con el lector, es decir, en términos económicos, con el mercado. Y el precio único resultaba central.

Los que atacaron —y terminaron haciendo vetar— la ley insisten en sus falacias sin escuchar argumentos: la ley no promueve el monopolio ni provocaría un aumento del precio, tampoco evitaría que los libros, pasado un tiempo razonable, se ofrezcan en promociones y con descuentos, lo único que haría es regular el precio de las novedades y crear —crear, porque en la práctica desapareció— un sistema de servicios al lector, mismo en donde estaría la competencia real, necesaria y benéfica. Pero no, qué escándalo, quieren fijar un precio para el libro en todo el país, y eso es premiar a los libreros ineficientes, a los editores que venden poco (tal vez por apostar por una literatura menos trillada), a los escritores que se miran el ombligo. Tratar de que una librería de La Paz, Mérida o Durango tenga los libros al mismo precio que una de Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México ¿es premiar la ineficiencia? Entienden por eficiencia, centralismo, preponderancia de las grandes metrópolis, marginación de la cultura.
Cuando se desencadenó la guerra de descuentos en los años setenta se pensó que era una manera de hacer bajar el precio y fomentar la venta, favoreció a proyectos editoriales que aplicaban recetas imaginativas, pero rápido, muy rápido, mostró sus limitaciones, la venta global de los libros en todas las librerías disminuyó, aunque en unas de ellas aumentara, el precio subió —los editores lo aumentaron para paliar el descuento— y los compradores se sintieron timados. La política librera era comprar grandes saldos —al kilo, muchas veces— para ofrecerlos en remate. ¿Y el libro nuevo, el recién aparecido? Se le dio el mismo trato. La aparición de las grandes superficies complicó más el asunto, pues su selección de textos parcializó al mercado, lo orientó hacia el best-seller, y tampoco hizo disminuir el precio de venta. Y para agravar el asunto resulta que el libro es un bien social, cosa que el veto a la ley ni siquiera tomó en cuenta.

El lector interiorizó un fuerte golpe psicológico. La demagogia del PRI, al prolongar sin modernizar los gestos esenciales de la política vasconcelista, ha hecho que se piense en el libro como algo que debe ser regalado, parte de una canasta básica, y que por lo tanto todo libro, por barato que sea, es caro. Los descuentos fueron una prolongación de esa idea, una triste ficción que hizo pasar por triunfo del lector a lo que fue en realidad un pírrico triunfo mercantil que acabo por revertirse. En una época las editoriales reaccionaron ante eso aplicando la guillotina: pasado un par de años el libro no vendido se iba al molino, pero no se lo sacaba al mercado en remate porque eso perjudicaba a los libros por venir. A cualquier editor con verdadera vocación le tiembla la mano al hacerlo, como si al hijo que no termina la prepa hubiera que aplicarle la eutanasia.

El resultado actual, y presente desde hace varios años, es que las pocas librerías que quedan se transforman en librerías de viejo disimuladas, y sólo se sostienen cadenas o bien subvencionadas —Educal, FCE, Librerías universitarias— o bien cadenas claramente comerciales orientadas a un mercado didáctico —Librerías de Cristal—, mientras que las en otro momento exitosas Ghandis y Sótanos se las están viendo negras. En el mejor de los casos las librerías se han vuelto escenografías para restoranes o cafés (Péndulo, Otro lugar de la Mancha, la actual Pegaso). Las pequeñas librerías independientes se han vuelto una especie en extinción, todo lo contrario de lo que ocurre en países con ley del precio único para el libro.

Esas mismas librerías, que compiten por descuentos y no por servicios, han ido eliminado poco a poco de su oferta a las pequeñas editoriales. Todo en conjunto genera un desastre, lleva a los nuevos autores a la autoedición y a algunos pequeños (y no tan pequeños) pero obstinados sellos a depender no de sus ventas sino de las subvenciones. A su vez condenan a una amplia y muy activa, y mejor de lo que se piensa, edición académica a vivir en las catacumbas de las bodegas. Flagrante contradicción entre una medida —el veto— que impide recuperar algo de la salud de la industria editorial, ejecutada por ese mismo gobierno que gasta enormes cantidades en editar todo tipo de libros y en subvenciones directas e indirectas a esa industria. La coherencia de ese pretendido país de lectores debía haber llevado a la aprobación sobre todo del precio único.

Lo que hay detrás del veto —y muy grave— es un dogmatismo que lleva a los que los sostienen a hacer que la realidad se transforme en una ficción, por el simple hecho de no cuadrar con el dogma. La Cofeco (Comisión Federal de Competencia) miente en su argumentación, no es que se equivoque, hay una mala fe en sus argumentos, tergiversa cifras y mezcla niveles conceptuales. No escucha lo que se le dice y —como en campaña política sucia— usa todo tipo de calumnia: los editores —dice— la impulsan porque quieren hacer negocio, pretenden imponernos las lecturas, y llegan al grado de afirmar que con la ley “todos los libros van a costar lo mismo”. Bueno, frente a esa actitud es muy difícil debatir.

Tal vez lo más grave de esto sea el desprecio por eso que se supone es el sustento de nuestro régimen: las mayorías. ¿Creen de verdad posible que un pequeño editor que publica tres libros al año se pusieron de acuerdo con Planeta o con Santillana para “hacer negocio”? ¿Creen de verdad que todos los gremios quieren “subir el precio” porque así ganan más (aunque vendan menos)? Cuando todos están de acuerdo hay que demostrarles lo equivocados que están desde una esfera de poder, manipulación y dogma. ¿Quién es el más agraviado por el veto? ¿Los legisladores, las autoridades de la SEP y el CNCA, los editores y libreros, los escritores que manifestaron su apoyo? El más agraviado es el lector, pues se le aleja de la lectura precisamente en nombre de su acercamiento a ella.

No se trata de tirar la toalla, el mundo del libro ha sobrevivido y sobrevivirá a tremendas amenazas. De lo que se trata es de entender cómo se comporta un aparato que no piensa —si pensara, aunque pueda no gustarle, habría aprobado dicha ley— y que enarbola ante todo un dogma. La aplicación de una concepción ideológica —el neoliberalismo por más que se presente como ciencia es una ideología— implica situar el campo de esa ideología, y el libro es tradicionalmente conflictivo para ellas. Las ideologías autoritarias —recuérdese los autos de fe— buscan eliminar al texto y al lector, y lo hacen de muchas maneras, no sólo con las quemas de libros. Una de ellas es un sistema burocrático diseñado para que no pase lo que no les interesa, así suscite la unanimidad de todos los involucrados.

Cuando una semana antes de que ocurriera se empezó a correr el rumor de que el veto estaba por ocurrir, la Cofeco dejó en claro que, incluso si era aprobada por el Ejecutivo, sería después objetada y llevada a una controversia cuyo horizonte era la Suprema Corte, a la que ya se recurre hasta para saber si dos y dos son cuatro, y con ello a un largo calvario burocrático que impediría su aplicación. Fue entonces que varios articulistas, hipotecando la poca o mucha inteligencia que tienen, volvieron a la carga, a veces con argumentos realmente sorprendentes (Carlos Mota, en las páginas de este diario, después de poner en duda que leer fuera benéfico, comparó a los libros con los condones). Se hicieron comparaciones alevosas —¿cuánto cuesta El Quijote editado por Alfaguara en México y cuánto cuesta en Japón, país que tiene ley del precio único?— cuya falacia saltaba a la vista, se usó un lenguaje estridente y tramposo —Sergio Sarmiento tituló una columna suya “Prohibido leer”—, pero no era para debatir algo que aún no estaba decidido sino para legitimar ante la gente la decisión ya tomada. ¡Qué vergüenza!.

Y el bien social que representa el libro fue absolutamente ignorado. Existe, evidentemente, un espectro de libros, desde aquellos de venta segura y en altos tirajes hasta aquellos otros cuyo destino es incierto pero más bien, en las condiciones actuales, poco prometedor. En medio mucho tipo de publicación, desde la edición de clásicos en tirajes populares, ecos de aquellos editados por Vasconcelos, pasando por esoterismo y autoayuda, libro de adorno y didácticos, investigaciones especializadas, novelas de éxito, etc. El engranaje que forman entre todos debe tener un buen funcionamiento para que coexistan sin lesionarse como mercado y crezca a su vez esa condición cualitativa que hace, aunque algunos no lo crean, del gesto de leer algo deseable para la sociedad.