Una lucha por la bibliodiversidad
Reforma (8 de octubre, 2006)

Daniel Goldin

Si en verdad el trato con los libros favorece el diálogo y la argumentación razonada, mal haríamos los que defendemos la Ley para el fomento de la lectura y el libro en remedar a sus detractores atizando la discusión con argumentos parciales o descontextualizados.

Se ha destacado que la ley es producto de un consenso entre funcionarios públicos y representantes de todos los eslabones de la cadena del autor al lector, y que fue aprobada por las tres principales fuerzas políticas. Se subrayó la singularidad de este consenso en el actual contexto de crispación política. Sin embargo, los detractores insisten en que la ley responde a oscuros intereses. ¿De quiénes? El hecho de que la apoyen libreros del interior y el grupo Gandhi, microeditores de poesía y editoriales trasnacionales, asociaciones de lectores, la Caniem y organizaciones de libreros no impide a los detractores insistir en la manipulación interesada. Evidentemente no quieren leer lo más obvio: la ley persigue un interés más amplio que el de cualquiera de sus promotores. Por eso tiene un horizonte de largo alcance.

Que la ley sea el producto de un consenso es importante, pero anecdótico. Es más trascendente que es el primer instrumento jurídico que contempla la formación de lectores y la producción y circulación de libros como partes de un mismo sistema. Al hacerlo rompe con una tradición que los abordaba como sistemas separados. Esa división nos ha resultado muy onerosa.

Es curioso que detractores y defensores de la ley apoyemos en apariencia lo mismo: el beneficio de los lectores y la libre competencia. Tal vez con palabras iguales nos referimos a cosas distintas. Es hora de que intentemos poner en claro de qué hablamos y qué pretendemos. Repetir loas a la lectura carece de sentido. Hay que precisar. Y el único punto de la ley que permite hacerlo es justamente el de controversia, el precio único.

En teoría, los descuentos favorecen la libre competencia, a los lectores en general y especialmente a los de menos recursos, y la eficiencia de editores y libreros. Con argumentos teóricos y estudios de caso se ha demostrado que, por el contrario, los descuentos incrementan la concentración de los puntos de venta, empobrecen la oferta editorial y sólo benefician a los más favorecidos: a unos cuantos puntos de venta con poder económico para ofrecerlos, a los editores poderosos, y a los pocos lectores que, sin importar si son ricos o pobres, pueden acceder a los pocos lugares donde existen esas rebajas.

En países con una sana economía de mercado como Alemania, Francia y España, el precio único ha propiciado el crecimiento de la red de librerías y la diversidad editorial. Se ha comprobado que ahí el precio de todos los libros aumenta menos que en países equivalentes donde no existe esta medida. Por añadidura, ha motivado que las grandes superficies amplíen su oferta editorial y mejoren sus servicios. Tenemos datos de países que han derogado el precio único. En ellos se han cerrado librerías y subieron los precios de la mayoría de los títulos, no de los best sellers, pero sí los de los libros de bolsillo, por ejemplo.

Sin embargo no es obvio. Comprenderlo requiere familiarizarse con las peculiaridades de la economía del libro. Insistimos en la singularidad de un mercado que sólo en lengua española lanza al año alrededor de 90 mil novedades y mantienen vigentes muchos cientos de miles de títulos más. Cada uno opera como un prototipo.

¿Por qué los descuentos van en contra de los lectores? Porque para otorgarlos los editores inflan los precios. Pero el descuento lo reciben sólo unos cuantos. Como dijo Zaid, los descuentos son una multa que pagamos todos los que no podemos acceder a ellos.

¿Por qué favorecen la competencia desleal? Porque la industria editorial vive de un equilibrio entre libros de rápido y lento movimiento, reediciones y novedades. Es imposible saber de antemano cuáles se venderán (por eso Harry Potter fue rechazado por muchos editores, y por eso se rematan o destruyen ejemplares de supuesto éxito seguro). Los descuentos suelen aplicarse sólo a los libros más vendidos. Y es con ellos con los que se compensa tener en la librería libros de más lento movimiento y valía cultural.

¿Por qué el editor no puede subir los precios a su arbitrio? Porque, aunque goza del privilegio legal de definir el precio, si incrementa su precio se sale de mercado, y su ganancia teórica nunca se realiza.

Pese a éstos y otros argumentos imposibles de resumir -pero disponibles en www.leydellibro.org.mx- se insiste en que el precio único va en contra de todos los lectores. Hay una fuerte resistencia a considerar la especificidad (y el valor) del libro. Por eso se le puede equiparar con el calzado y trazar un silogismo escalofriante: "hace unas décadas éramos una sociedad relativamente semidescalza. Hoy somos un pueblo con zapatos, sin la necesidad de una ley de fomento al calzado". ¿Cómo aconteció este milagro? Eliminando el control de precios. Ergo, para promover la lectura hay que dejar al libro a la libre competencia del mercado.

¿Habría que señalar que aquel cambio se realizó permitiendo el contrabando y la piratería sobre las ruinas de la industria del calzado, y que ha sido en perjuicio de los pies de miles de hombres pobres que hoy usan zapatos de plástico, pues ciertamente son más baratos que los huaraches? ¿Es eso lo que se desea, ediciones piratas y lectores precarios que anden pepenando qué leer en pilas de ofertas?

El argumento caricaturesco pone de relieve la pregunta relevante: ¿Por qué pese al incremento demográfico, al aumento de la escolaridad, a los 5 mil millones de libros obsequiados, cada día se cierran más librerías en México? ¿Por qué después de ser líderes del mercado editorial en el idioma somos una nación importadora? La respuesta es por la falta de una visión integral del sistema.

La ley no es sino un primer producto de esa visión integral. El precio único, un primer paso. No es contra las grandes librerías ni de otros puntos de venta, sino a favor de una distribución más equitativa, diversa y justa en todo el territorio nacional. No es una defensa del libro en general sino de la variedad editorial, que es el correlato de la pluralidad cultural y política.

En teoría, el precio único ayudará a una mayor bibliodiversidad y a que bajen los precios. La experiencia de otros países lo demuestra. Puede que no ocurran cambios sorprendentes. Por nuestra singularidad geográfica, porque a diferencia de Europa vivimos en un país de gran desigualdad en la distribución de la riqueza y muchos pobres. Repito, es necesario pero insuficiente. Habrá que establecer otras medidas. Por ejemplo, tener un correo más eficiente y barato, algo imprescindible en un país tan extenso.

El magro poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos no se resuelve ni con el precio único ni con descuentos. Pero los que defendemos esta ley consideramos que para resolver los problemas políticos, económicos (generación y distribución de la riqueza) y sociales del País se requiere prestar especial atención al sistema del libro y la lectura.

En teoría los detractores de la ley defienden al lector. En realidad, les da lo mismo, piensan que el libro y la lectura son asuntos de poetas e intelectuales, no de ciudadanía, menos aún de desarrollo económico. Su compromiso no es con el lector sino con un sistema que favorece el subdesarrollo, la intolerancia, la dificultad de construir instituciones, la descomposición del tejido social, la dependencia nacional y la falta de autonomía de sus ciudadanos. Por fortuna, los legisladores desde sus diferentes posiciones desean otra cosa. Un estudio recientemente publicado en Canadá (C.D. Howe Institute), demuestra que, para el crecimiento económico de un país, es más importante el aumento en las habilidades de lectura y matemáticas en el grupo poblacional menos calificado que el incremento en la preparación de profesionistas muy calificados, y concluye que si no se acorta de manera importante la brecha entre la población muy calificada y la poco calificada no es posible aumentar sustancialmente la productividad de un país.

Es de esperar que los que buscan el desarrollo económico y la eliminación de la pobreza actúen en consecuencia y apoyen una ley que procura un acceso al libro más equitativo para todos los ciudadanos.