Problemas de lectura
Laberinto, suplemento de Milenio Diario (9 de septiembre, 2006)

Tomás Granados Salinas

No hay soluciones simples para la precaria situación del libro en México. No basta la edificación de bibliotecas ni la dotación de acervos a los estudiantes de primaria y secundaria, sea como libros de texto gratuito, sea como ejemplares que contribuyan a familiarizar a niños y jóvenes con el placer lector. No basta con que las instituciones estatales —del FCE y el CNCA a la UNAM— sean fecundos productores de obras y programas de formación de lectores. No basta con que proliferen las librerías sostenidas por el estado —la casi centena de puntos de venta de Educal o la colosal Rosario Castellanos—. Tampoco bastaría la aplicación del sistema de precio único, pero, al igual que las acciones enumeradas, ayudaría a que se frenara la desertificación cultural que, en paralelo con la que se cierne sobre el medio ambiente, aqueja a nuestro país.

Las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro es un revés, esperemos que pasajero, en la búsqueda de remedios parciales a una crisis que no por duradera es menos grave. Fruto de la inusual y esmerada concertación de los diversos eslabones de la cadena del libro —y en consecuencia ejemplo de la posible conciliación entre fuerzas no siempre alineadas—, esta iniciativa abría la posibilidad de que las prácticas en el comercio editorial subieran de nivel: lejos de impedir la competencia entre puntos de venta, como clama furibunda la Comisión Federal de Competencia, la ley los habría forzado a mejorar su oferta, sus servicios, su compromiso con la clientela, su ingenio cultural.

Por supuesto, el precio único no es una medicina mágica: sus efectos benéficos tardarían en llegar y en el camino inclusive podría tener efectos contraproducentes. De entrada, quienes se abastecen en las librerías en que imperan los grandes descuentos padecerían un incremento instantáneo, sin duda pernicioso en lo individual; asimismo, los expendios que incrementan los precios por arriba de lo estipulado por el editor, ya sea por malicia o por ineficacia —sea del propio negocio o del sistema de transporte en el país—, sufrirían al verse forzados a cobrar menos por los ejemplares vendidos. Parece poco si se compara con la mejoría global que habría de producirse —tal como ocurre con el ya no polémico horario de verano, que a algunos causa molestia pero que en el conjunto supone un sustantivo ahorro nacional de recursos naturales—: un más ancho abanico de obras a disposición de los lectores, una más tupida red de librerías, una ciudadanía mejor preparada.

En su búsqueda de escapar a la condena de asignar recursos escasos a fines mutuamente excluyentes, la ciencia económica está obsesionada con la eficacia. Toda decisión de los agentes económicos ha de aspirar a que su beneficio saque el máximo provecho de los recursos gastados. Pero es obvio que hay muchas varas con la cuales medir ese beneficio, no sólo la que está graduada con pesos y centavos. Los economistas de la cultura saben que existe un capital cultural, emparentado con el capital humano y con el natural, es decir con las habilidades de las personas y con la riqueza ecológica; por ello, las decisiones de los individuos y de los estados en materia cultural no buscan sólo la eficiencia pecuniaria: apuntan a maximizar también el impacto en el capital cultural. Y puede ser que aquello que parece una mala inversión desde la estrechez de miras del economista que no sabe más que de utilidad marginal y externalidades negativas, sea una acción sensata desde un mirador más ancho, uno en que se percibe tanto el valor monetario como el cultural.

El sistema de precio único es una medida óptima en este doble sentido. Reconoce que la distorsión económica tiene contraprestaciones culturales que compensan la aparente ineficiencia: el beneficio cultural que se alcanza supera los perjuicios que pudiera causar. Y más aún, la evidencia empírica en los países que cuentan con esta norma comercial señala que incluso da buenos dividendos en lo estrictamente económico: inflación en los libros menor que en el resto de las mercancías, multiplicación de puntos de venta y de editores dispuestos a apostar por obras de destino incierto, menor concentración de mercado.

Nadie se engaña creyendo que, por adoptar una medida que funciona en Alemania o Noruega, nuestra industria del libro adquirirá de golpe sus condiciones, por ejemplo los bien enraizados hábitos de lectura de sus poblaciones o sus sorprendentes mecanismos de distribución. Tampoco se trata de maquillar con leyes el auténtico rostro del libro y la lectura en nuestro país, siguiendo esa neurótica costumbre nacional que asume que algo existe si está contenido en las leyes. Esta iniciativa contribuye, de manera sustancial aunque en el largo plazo, a un necesario cambio en la percepción que los mexicanos tienen respecto de los libros: sobre su utilidad, sus posibilidades de uso, su valor. Alterar la lógica del libre mercado y su artrítica mano invisible no es un capricho de las industrias culturales, de suyo merecedoras de excepciones que a más de uno parecen injustas, y tampoco es una voraz maniobra de quienes producen y comercian con los libros: es parte de los cimientos para edificar una verdadera cultura democrática, basada en la autonomía de juicio, en la libertad que da el conocimiento, en la intimidad que se construye leyendo. El veto revela dos problemas lectores del presidente de la República: por un lado su miopía, pues percibe deformado lo que está un poco más allá de su nariz (nariz que hoy mide escasos tres meses), y por otro su dificultad para comprender lo que lee, ya que la abundante bibliografía sobre la materia es en general favorable respecto de los beneficios del precio único (aunque tal vez no sea demasiado tarde invitar a Vicente Fox y a los lectores de Milenio Diario a que se informen más, para lo cual pueden visitar el sitio www.leydellibro.org.mx).

Decía arriba que el veto es sólo un obstáculo, no el fin del camino. La misma argumentación que en marzo pasado llevó a la cámara alta a aprobar por unanimidad la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y en abril a la baja por mayoría, ha de servir para que la nueva legislatura aprecie la decisión de su antecesora y, con al menos dos terceras partes de cada una de las cámaras, saque adelante lo que un tímido Ejecutivo quiso frenar.