Fin (e inicio) de capítulo
Reforma (7 de abril, 2008)

Tomás Granados Salinas

Hay capítulos de novela tan bien urdidos que brindan al lector un placer doble: el goce de la lectura misma y el de la anticipación, esa certeza de que lo que viene será aún mejor. Para el exiguo mundo libresco en nuestro país, la semana que acaba de terminar produjo tales sensaciones, pues el acelerado parto de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro fue motivo de festejo generalizado aunque ese paso legislativo no es más que el inicio de una caminata mucho más amplia. Nadie piensa que la letra legislativa crea la realidad, pero desde luego ayuda a transformarla; la norma recién nacida es, entonces, un nuevo banderazo de salida para decenas de acciones concertadas en el orbe del libro.

Recordemos que, en septiembre de 2006, al tiempo que se preparaba para no presentar su último informe de gobierno, Vicente Fox frenó la ley que había sido aprobada por el congreso meses atrás. Las observaciones de fondo del Ejecutivo se centraban en el sistema de precio único, que a su juicio violaba la Ley Federal de Competencia Económica, y en las atribuciones del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, un ente consultivo que habrá de aceitar los engranes de toda la maquinaria industrial del libro, desde el papelero hasta el lector, pasando por autores, editores, impresores, libreros, bibliotecarios y aun por el estado.

A partir del veto presidencial, se dio un debate en público y en privado con el propósito de que primero el Congreso de la Unión resolviera el asunto. El dictamen preparado por las comisiones senatoriales de Educación y de Estudios Legislativos es una contundente pieza de prosa jurídica en la que se rebaten los contras hallados por el hoy ex presidente; ahí se reconocen desde luego los yerros de forma y se baja el octanaje del mentado consejo, pero los senadores defienden sin embozos la conveniencia del precio único, que “no podría ser calificado como una práctica monopólica relativa a priori” y por el contrario “puede contribuir a que se reduzca el precio de todos los libros, a que aumente el número de librerías y a que éstas compitan en términos de surtidos de libros y atención a sus compradores”. Se programó para el 1 de abril pasado la presentación ante el pleno senatorial de este mentís a Fox, pero la presidencia de la cámara no tuvo empacho en ignorar el orden del día y dejar con un palmo de narices a los legisladores que habían promovido la aprobación, entre quienes destacan Fernando Elizondo y María Rojo.

El 29 de abril el dictamen alcanzó por fin la tribuna de la cámara alta. Aprobado en lo general por 105 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones, el senador panista José González Morfín planteó sus reservas sobre el artículo 26, en el que se establece el plazo en que regirá el precio único. Hemos de reconocer que no hay un método cuantitativo unívoco para determinar la extensión óptima de ese plazo, y la legislación en otros países establece cada cual un periodo distinto. Pero de lo que no puede cabernos duda es que el argumento esgrimido por el legislador michoacano está equivocado, pues no se basa en las prácticas comerciales del libro en nuestro país. Luego de reconocer que “no es lo mismo la pequeña librería de uno de nuestros pueblos o incluso de nuestras ciudades medias en provincia que Wal-Mart o que Gandhi”, González Morfín sostuvo que “las grandes librerías pueden mantener inventarios por tres años y no les pasa absolutamente nada”, mientras que para las pequeñas el precio único podría ser “el tiro de gracia” pues no podrían “mantener durante tres años un stock de determinado libro [que] no se haya vendido”. Bastó ese alegato flojo para demediar —de 36 a 18 meses— el periodo en que la competencia entre puntos de venta no incluya el precio, como si los puntos de venta estuvieran obligados a comprar en firme, y una sola vez, las obras sujetas al artículo 26.

Con resignación y practicidad, Pablo Gómez —que hace dos años dio su voto desde San Lázaro— reconoció que en su bancada aceptarían la modificación sin estar convencidos, ya que sólo así podría darse “la ruptura del veto”. Y propuso que “dentro de un par de años [hagamos] una evaluación de cómo está la aplicación de la nueva ley”. En su turno, Gustavo Madero, cabeza de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, calificó de “cosa rara” al sistema de precios propuesto y citó un razonamiento de la Comisión Federal de Competencia Económica: si quieres proteger a los consumidores, no admitas precios únicos; si quieres proteger la cadena de distribución, establécelos. Engañosa como es, tal sentencia ignora que esos consumidores no viven en el vacío, al margen de la cadena de distribución, y que un modo de protegerlos es fortaleciendo a aquélla para que más libros, mejores, menos caros, lleguen hasta quien los requiera o desee.

Madero, que no obstante invocar a la Cofeco votó a favor, llamó la atención sobre un asunto que previsiblemente será resuelto a la hora de emitir el reglamento respectivo, con el que se evitará el dolo de “algún vivales” que quiera fijar el precio de los libros importados apurándose a introducir al país una pequeña cantidad de ejemplares. Para ello habrá que definir una jerarquía de quienes pueden fijar el precio único, para saber quién tendrá prelación. Así, el titular de los derechos de autor debería estar siempre a la cabeza de esa lista, de manera que, por ejemplo, cuando una editorial produzca una edición fuera de México, sea ella la que determine el precio; en seguida deberían aparecer las subsidiarias de quien detente esos derechos, que es el caso de la mayor parte de los grupos editores extranjeros; como es frecuente que editoriales de otros países cuenten con representantes exclusivos en nuestro país, éstos seguirían en el orden, y sólo después podría permitirse el registro de precios a los importadores “autónomos”, siempre que trajeran una cantidad sustantiva.

Tarea no menos importante será la puesta en práctica del sistema de registro de precios, que deberá ser sencillo, eficaz y por supuesto de fácil consulta, pues no faltará el comprador de libros que con justicia quiera utilizarlo en el momento mismo de hacer una compra. Y desde luego está pendiente afinar los mecanismos para verificar que se aplique el precio único y, en caso contrario, se sancione al infractor —no delincuente, como hace meses insinuó en las páginas de este diario Sergio Sarmiento—; la Procuraduría Federal del Consumidor es una entidad que de manera natural podría ocuparse de esa clase de inspección, pero los propios compradores de libros, las librerías o las editoriales deberán poder echar a andar el mecanismo sancionador.

Quien debe empezar a escribir el nuevo capítulo es el poder ejecutivo. Por suerte debe redactar sólo una frase predecible, pues no le queda más remedio que promulgar la ley, toda vez que la mayoría alcanzada en las cámaras fue superior a los dos tercios —el diputado Tonatiuh Bravo Padilla solicitó que se consignara el carácter de mayoría calificada, “en virtud de que es una votación que supera observaciones”—. De hecho, más legisladores votaron por el sí en esta segunda oportunidad: 107 senadores en vez de los 82 de hace dos años, 314 diputados en vez de los 240; en este caso, la mayoría representó un rotundo 89 por ciento del total de los presentes, holgadamente por arriba del 67 exigido por la carta magna.

Esperemos asimismo que en los párrafos iniciales del nuevo capítulo se constituya el consejo de fomento y se haga revivir a las bibliotecas escolares y de aula. Éstas son una apuesta de largo plazo —que desde luego empieza en el corto—, mientras que aquél es el espacio para que se discutan los defectos, las insuficiencias, las omisiones de la propia ley. Tal vez haya amparos o controversias constitucionales que quieran extender este capítulo, pero esperemos que esos recursos legales no posterguen el gozo de redactar las nuevas páginas de este relato a favor de la lectura.