Acercar los libros
El Ángel, suplemento de Reforma (8 de julio, 2007)

Tomás Granados Salinas

Nadie sabe cuáles son las condiciones suficientes para que alguien se convierta en lector, en el sentido más sustancioso del término, pero es fácil reconocer una condición necesaria: la familiaridad con los libros. Más que con sangre, la letra entra con cotidianidad, como demuestran respecto del lenguaje los balbuceos cargados de intención con que los niños emulan la cháchara adulta que los rodea. Hace falta el ejemplo vivo —y no prédicas de ceño fruncido— de padres, hermanos, profesores, pero aún antes hace falta que la palabra impresa sea una presencia habitual, una parte del paisaje diario, para que fragüe dentro de nosotros la certeza de que leer es uno de los afluentes del río de la vida. Fomentar la lectura, por ello, no puede ser un mero asunto de campañas, de retintines publicitarios sobre las bondades del libro, sino un vasto ejercicio que atañe a las diversas capas de la cebolla social.
El libro tiene que estar cerca, a una distancia propicia que nos permita, de súbito, escuchar su murmullo seductor. Mucho hace la escuela primaria por aproximar las obras a los niños, pero a menudo ese esfuerzo resulta tan artificial como el uso del uniforme: es tan ingenuo confiar la formación lectora a la escuela como sería esperar que los alumnos aprendieran a vestirse a la moda gracias a que todos los días portan la misma vestimenta. Ni siquiera la creciente intromisión en las aulas de libros lúdicos o informativos, desligados de la inevitable rigidez de los planes de estudio, basta para que la lectura sea algo en lo que ya nadie se fija porque siempre ha estado por ahí. Así como la sociedad aspira a que haya agua potable y drenaje en todas las casas, pretensión que no por higiénica deja ser una quimera lejanísima y acaso inalcanzable, habría que soñar con que toda vivienda poseyera al menos un resquicio donde se alojen libros. (No me ruboriza mi ingenuidad: una utopía puede ser fuente de frustraciones, pues por cada paso con que nos acercamos ella da dos para alejarse, pero es sobre todo un punto de referencia para avanzar: no tenemos que visitar el Ártico para saber dónde queda el norte.)
Por eso hacen falta librerías. Y no necesariamente establecimientos preciosos que exhiban las más sutiles expresiones poéticas, colocadas sobre cálidos muebles que favorezcan el disfrute del papel, de la filigrana tipográfica, del olor a tinta y goma. Hacen falta librerías que estén al alcance, no digamos ya de la mano, pero sí del pie, a las que se pueda ir con menos esfuerzo que el de los peregrinos que confluyen en La Meca. Más de la mitad de la población del país vive en localidades donde no existe un negocio al que, aun con extrema generosidad, podamos considerar como expendio de libros. Y dos de cada cinco mexicanos mayores de 12 años no se han aventurado, en toda su vida, en una librería. Tal vez lo habrían hecho si no es porque sólo un ínfimo 6 por ciento de los municipios pueden presumir de contar con al menos una. Sin duda, librería y biblioteca son entidades estrechamente emparentadas. También requerimos más y mejores reservorios de libros, en los que cada lector se tope con la obra oportuna y que no sean sólo sitios para hacer la tarea, pero para no seguir dependiendo de la cambiante bondad del Leviatán, que ora gasta en educación y cultura, ora cambia de prioridades, el estímulo a la circulación privada de libros es prioritario.
La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro es tan sólo un paso más en la búsqueda de una mejor distribución de la lectura. Sus disposiciones, entre las que destaca el establecimiento del sistema de precio único, pretenden abatir el contraste entre quienes tienen pleno acceso a los libros y quienes sencillamente no saben que existe la república de las letras. No es una legislación que busque proteger a los editores, a la manera de un arancel que compensa la falta de productividad respecto de otras regiones del mundo, ni es un premio de consolación a una industria a la que, en los hechos, el estado desdeña —a la ya añeja e inicua participación en el mercado de libros de primaria debe sumarse hoy el aún tímido combate a la piratería editorial y la displicente tolerancia al fotocopiado ilegal, rubros que debilitan aún más nuestro tejido libresco—. Por supuesto, la ley no contiene fórmulas mágicas para hacer de la lectura una actividad tan difundida y disfrutada como la inerte contemplación del televisor; si, como bien determinó Daniel Pennac, leer es un verbo que no se conjuga en imperativo, menos puede pretenderse que una ley, allá en su universo de abstracciones, imponga un hábito entre nosotros. Pero sí que puede crear un cimiento sencillo y resistente para edificar una mejor cultura libresca.
Como se sabe, el presidente Fox aprovechó la jornada en que rendiría su último informe para vetar esta ley. Suman ya diez los meses desde que esa pieza legislativa volvió al Senado —la cámara que por unanimidad la había aprobado en marzo de 2006—, cuyas comisiones de Cultura y Educación deben rescatarla del letargo. Se requieren dos tercios de votos a favor para que la ley pase a ser de nuevo materia de discusión entre los diputados, y si también entre ellos hay esa proporción de sufragios favorables, entonces el Ejecutivo deberá promulgarla. Con el cambio de mandatario, y con la notoria necesidad del nuevo inquilino de Los Pinos por diferenciarse de su antecesor, se abre la oportunidad no de que un poder imponga su voluntad a otro —como habría ocurrido en caso de que las cámaras hubieran actuado aprisa, antes de que asumiera el cargo Felipe Calderón— sino de que se corrija un yerro originado en una visión estrecha, economicista, que juzga las consecuencias de un acto sólo en el corto plazo.
La Comisión Federal de Competencia, cuya tozudez en este debate nos gustaría ver en otros más relevantes, como el de las telecomunicaciones, sostiene que restringir los descuentos constituye una afrenta a los consumidores. Desde luego, tiene algo de razón. Quienes hoy compran con descuento sus ejemplares dejarían de la noche a la mañana de beneficiarse de su ubicación geográfica —un privilegio cuyo correlato obvio es un castigo para quienes no pueden acceder a esas librerías— y su conocimiento del mercado —una asimetría de información—. Pero ese descalabro habrá de compensarse cuando, gracias a no tener que inflar los precios para luego ofrecer descuentos de oropel, los editores puedan fijar precios realistas, sin el incremento artificial que hoy deben introducir. Hay evidencia de los países en que existe el sistema, como Francia, de que la inflación de los libros, en el mediano plazo, es menor a la que aqueja al conjunto de la economía. Además, de cumplirse el supuesto esencial de que el precio único estimula la apertura de librerías, las casas editoras podrán acometer tirajes más grandes, con las virtudes de la economía de escala: menor costo unitario y por ende menor precio.
El precio único es tan sólo una herramienta económica para ampliar la igualdad de acceso y para roturar el terreno en el que más adelante se siembren nuevas librerías. Desde luego, no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo con múltiples efectos. Por ejemplo, a los consumidores les da la certeza de que ahí donde hallen una obra que necesiten o que les interese ésta tendrá el mejor precio disponible ¡en todo el país!, y en el mediano plazo se reduce el costo de búsqueda y se incrementa la probabilidad de adquirir libros que el lector ni siquiera imaginaba que existían. Mientras descubrimos qué es suficiente para multiplicar la lectura, hagamos al menos lo que es necesario.