¿El precio único o el único libro?
Laberinto, suplemento de Milenio Diario (16 de septiembre, 2006)

Clemente Merodio López

Poco puede agregarse en el debate provocado por el veto de la Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro, que no repita los brillantes argumentos anotados en estas mismas páginas el sábado anterior. Volver sobre las cifras que muestran el trágico panorama en que se encuentra hoy el acceso al libro en México provoca desaliento, y el sorprendente resultado que ha seguido al consenso que tras años de discusión se consiguió, no sólo en el Congreso, sino entre todos los actores de la lectura y el libro, pareciera animar únicamente a abandonar el proyecto de una ley que, según quisiera alguno, no debiera llamarse de la Lectura y el Libro, sino de la oferta y la demanda.

Pero no, nadie se desanima. Por encima de los muy débiles argumentos económicos en su contra, precisamente apoyan la ley vetada, el coraje y entusiasmo de los incontables ciudadanos que aspiramos a que en México el índice de librerías por habitante fuera cuando menos un poco mejor que el de Haití; los mismos que pensamos que tiene alguna lógica que el país de habla española más poblado del mundo tuviera en consecuencia la industria editorial más desarrollada en nuestro idioma. Los que creemos que los jóvenes autores, artistas gráficos, científicos o investigadores debían encontrar en el futuro un amplio panorama para publicar sus ideas y trabajos, dándolos a conocer más allá de la limitada estructura que aquí se ofrece hoy para el libro. Cientos de miles que dedicamos todos nuestros días a llenar de ideas una página, a planearla, escribirla, ilustrarla, explicarla, divulgarla; a promover que se lea; autores, editores, libreros, educadores, promotores de lectura y de cultura, sospechosos según el gran vetante de proceder en función de nuestro particular interés: la lectura. Sí señores, sea bienvenida tal afirmación: trabajamos por el libro y la lectura. Es nuestra vocación. Somos probablemente ingenuos y soñadores, pero más allá de nuestras profesiones u oficios compartimos —eso sí—, con millones de compatriotas, otra hermosa condición: la de lector.

Y llegamos al meollo del debate: ¿quién defiende al lector? Revisemos los hechos.

Está, en primer lugar, la voluntad soberana de los representantes de los ciudadanos: senadores y diputados de todos los partidos, que en un hecho sorprendente aprobaron en su día la ley por unanimidad en el Senado y amplísima mayoría en la Cámara de Diputados. El mandato fue claro, debe destacarse, y la posibilidad de vetar una ley aprobada así debió hacer pensar en que al momento de la observación se contradecía no la voluntad de algún opositor, sino la de los legisladores del propio partido en el gobierno, unidos en aquella ocasión a los demás legisladores. ¿Se sopesó suficientemente esta grave decisión política? ¿Se analizó desde todos los puntos de vista? Los argumentos que se esgrimen en la observación parecen indicar lo contrario. Hay un solo argumento que es confuso y parcial, según analizaremos más adelante.

Por otro lado, es importante anotar que el dictamen aprobatorio del Congreso reflejaba fielmente el parecer de autoridades, instituciones, asociaciones, gremios y la mayoría de las personas dedicadas a los temas en cuestión: lectura y libros, y por obvia añadidura, agentes fundamentales en los ámbitos de educación y cultura. Es de sentido común, en cualquier situación de duda, consultar a los expertos; yo sería de la opinión de escucharlos. Con el mayor respeto para aquellos que expresan sus dudas, es evidente, y los artículos aparecidos en este suplemento son una buena muestra del abrumador consenso en favor de la ley, en todas sus partes. ¿Será verdad que en México puede despreciarse sin más una opinión fruto de la inteligencia y la experiencia de los tan diversos involucrados en estos temas? ¿Es cierto —como se empieza a sugerir— que lo que hay detrás de esta ley es una monumental confabulación de miles de ciudadanos dispuestos a llenar sus arcas? Francamente, difícil de creer.

Dicho lo anterior, volvamos al tema de la defensa del lector.

¿Y quién es un lector? Para una parte, la Comisión Federal de Competencia, según dice simple y llanamente, un consumidor. Una persona que busca un descuento. ¿Si no hay descuento, no hay lector? Ya se puede vivir en alguno del 94 por ciento de los municipios de México donde no hay librerías, pero parece que el tema es un mejor precio, aunque deba viajarse para conseguirlo.

A cambio del concepto de lector-buscador de descuento, la ley, en su exposición de motivos se preocupa por algún otro elemento con el que quizá usted, lector, prefiera identificarse: “La democracia requiere de ciudadanos con capacidad para reflexionar, articular, comprender, interpretar y comunicar ideas. De ahí la urgencia de formar lectores y fortalecer la cadena del libro para ponerlo al alcance de toda la población”.

Abordando el mismo argumento económico, la ley opina sobre los descuentos: “las políticas de descuento indiscriminado al precio del libro han demostrado en todo el mundo ser muy negativas para su homogénea distribución, y para su disponibilidad en igualdad de condiciones, ya que produce la concentración en pocos puntos de venta y la reducción de títulos disponibles en el mercado, lo cual atenta contra la diversidad cultural y limita seriamente las opciones del lector”. Hay sin duda diferencias entre el lector-al-mejor-postor del veto y el lector informado que busca acceso a lo que quiere leer, en situación de equidad, a títulos diferentes en un ambiente de diversidad cultural. Ciertamente los enfoques de las necesidades del lector son totalmente diferentes.
Si olvidamos por un momento los ideales a que puede referirse la ley, y mantenemos la discusión en el terreno económico, en el que se dice procurar el bien del consumidor, resulta importante recordar que el mercado del libro en México enfrenta actualmente una distorsión que, como los economistas saben, resulta muy peligrosa: la discriminación de precios. La discriminación consiste en cobrar a cada comprador —o consumidor según Cofeco—, un precio distinto por el mismo bien. Es decir que, dependiendo de si usted se encuentra en una zona bien abastecida de la Ciudad de México, pagará menos por un libro que si se encuentra en alguna otra localidad. Los economistas conocen este modelo como Competencia de Bertrand según nos instruyen unos jóvenes economistas mexicanos, y este modelo a mediano y largo plazo arroja como consecuencia obvia la salida del mercado de las empresas pequeñas que no pueden mantener una competencia desigual, situación que hoy vivimos en México. Es en hacer más equitativa la competencia y democrático el acceso al libro donde la ley, a través del precio único, quiere actuar.

Se pide que se aporte evidencia empírica en un país que ha perdido más del 40 por ciento de sus librerías en los últimos años siguiendo el modelo que prevalece. ¿Hace falta mayor evidencia? Queremos, con la ley y el precio único, evolucionar a un modelo que ha demostrado ventajas en otros países que han mejorado cabalmente el acceso al libro y, mejor aún, la diversidad de los títulos que ofrecen. Nada más que eso y en la conciencia de que ninguna medida por sí misma será la panacea.

¿Debemos seguir con el modelo actual? ¿Queremos funcionar como predice Bertrand y —por llevar la proyección al límite— encontrarnos un día con que en México sólo se ofrezca un título en el raquítico estante de una única librería?

Tenemos una oportunidad. Está en manos de nuestros diputados y senadores. Nuevamente voto a ellos.