Exposición de motivos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

A lo largo del siglo XX, la educación pública cumplió un papel fundamental en la consolidación del Estado nacional. México pasó de ser un país que en 1920 tenía más de un ochenta por ciento de analfabetismo, a ser un país que cuenta con una población con capacidad para leer y escribir por encima del noventa por ciento. Este logro es más sorprendente si se considera que en ese mismo periodo el país pasó de menos de quince a más de cien millones de habitantes.

En el último medio siglo se han impulsado políticas públicas de alto impacto social como la ampliación de la cobertura del servicio educativo, y de la educación obligatoria a doce grados, el desarrollo de la red nacional de bibliotecas, la distribución de libros de texto gratuito, la dotación de acervos para bibliotecas de aula y escolares, la instalación de salas de lectura, entre muchas otras.

Sin embargo, el nuevo siglo nos enfrenta a retos mayores. Para continuar y consolidar estos logros, es indispensable una mayor eficiencia y articulación de las políticas públicas de educación y cultura y un énfasis especial en la promoción de la lectura. En este terreno, es urgente que la población incremente sus índices de lectura y mejore y consolide su capacidad de comprensión, asimilación y aprovechamiento de lo que lee. México sigue siendo un país con bajísimos índices de lectura y nuestra red de librerías es una de las más raquíticas del continente, además de que hay vastas regiones del territorio nacional que carecen por completo de acceso al libro.

En la últimas décadas, México ha vivido un retroceso en estos terrenos pues el número total de librerías se ha reducido drásticamente, con lo cual los enormes esfuerzos originados tanto dentro como de fuera del Estado por fomentar la lectura y propiciar el encuentro con los libros corren el peligro de desperdiciarse, con la consecuente pérdida de la valoración social del libro.

La democracia requiere ciudadanos con capacidad para reflexionar, articular, comprender, interpretar y comunicar ideas. De ahí la urgencia de formar lectores y fortalecer la cadena del libro para ponerlo al alcance de toda la población. Tanto para su desarrollo político y económico, como para el fortalecimiento de una democracia participativa e informada, México necesita ciudadanos que puedan desarrollar plenamente la capacidades comunicativas.

Ante este preocupante panorama, el Estado reconoce y confirma que el desarrollo del libro y de la lectura son de interés nacional, y que el fortalecimiento de su presencia en la sociedad es una prioridad que debe orientar las políticas a seguir en el ramo.

Un grupo que incluye escritores, editores, libreros, académicos, comunicadores, intelectuales, promotores de la lectura y otras personalidades del mundo del libro y la lectura se ha dado a la tarea de analizar cuidadosamente la situación del libro y la lectura, y de elaborar esta propuesta de ley a partir de una análisis detallado y de la cuidadosa conformación de consensos en todos los sectores involucrados en el fomento del libro y la lectura.

Este proyecto retoma, modifica y enriquece lo contenido en la ley del libro vigente, pero sus planteamientos, en la medida en que incorporan los intereses y preocupaciones de toda la cadena del libro, van más allá, de modo que ha sido necesario elaborar una iniciativa de ley que responda a los retos que el desarrollo del libro y la lectura tienen por delante. Desafortunadamente, el texto vigente tiene serias deficiencias y queda muy a la zaga de otras legislaciones análogas y ha tenido múltiples dificultades para ponerse en práctica. Por ende, ha resultado imposible que las instituciones públicas y privadas se sirvan de esta ley para cumplir sus funciones y propósitos.

En las décadas recientes se han promulgado en el mundo (Francia, Alemania, Portugal, Grecia, etcétera) y también en el ámbito de la lengua española (España, Colombia) leyes en torno al libro que, por distintas razones, se han mostrado extraordinariamente útiles para mejorar la difusión del libro y promover la lectura en sus países de origen. Luego de un cuidadoso diagnóstico de la situación nacional, estas experiencias han sido ampliamente analizadas y se han incorporado aquí los aspectos más pertinentes y urgentes para el desarrollo de nuestra situación particular.

En este momento, el país se encuentra en una coyuntura muy favorable para subrayar la incuestionable prioridad que el libro y la lectura tienen para nuestro futuro y al mismo tiempo para ponerse a la vanguardia legislativa con una ley moderna que atienda las partes más débiles de nuestra situación en este terreno prioritario para la nación.

El presente proyecto especifica claramente los ámbitos de competencia de los distintos sectores y establece tareas puntuales para cada una de las instituciones responsables para dar orden y potenciar los esfuerzos en torno al libro y la lectura. Asimismo proporciona los instrumentos necesarios para facilitar la coordinación interinstitucional desde los ámbitos federal, estatal y municipal con el fin de evitar duplicaciones y crear las sinergias necesarias.

Parte central de este proyecto de ley es la redefinición del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, que se concibe aquí como un espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas sociales y privadas vinculadas con el libro y la lectura. Este espacio será crucial para pensar, analizar, evaluar, sugerir, concertar y consensuar los diversos intereses y necesidades que se generan en torno al libro y la lectura. Hasta el día de hoy los actores de la cadena del libro, al carecer de una instancia de esta naturaleza, habían actuado cada uno por su parte con logros aislados y desarticulados. Por lo demás, a partir de la experiencia con ley vigente, la presente iniciativa facilita los mecanismos para la instalación y funcionamiento del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, además de que considera de modo preponderante la recidente reforma legislativa con relación a la importancia de las lenguas y las literaturas indígenas de nuestro país.

Dos aspectos más con los que esta incitativa de ley enriquece su campo de influencia son la atención al desarrollo profesional a través de la capacitación de los diferentes actores de la cadena del libro y la lectura, y el reconocimiento y coordinación de las acciones originadas en la participación ciudadana. Al reconocer que se han dado espontáneamente iniciativas, programas y acciones en el campo de la difusión del libro y la lectura de enorme impacto social, el proyecto les da cobijo y sustento a través un marco jurídico adecuado que favorece su existencia y sistematización.

Por último, esta iniciativa atiende un aspecto particularmente urgente que es el de facilitar el acceso equitativo al libro al garantizar que tenga el mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional, sin importar dónde se adquiera, y al incentivar así la creación de librerías que compitan en el terreno del surtido y del servicio, antes que en el terreno del descuento. El estudio de la legislación internacional en la materia y de sus impactos en los diversos escenarios en que se ha dado, permite atender el aspecto de la accesibilidad al libro desde el punto de vista del precio único.

El precio único consiste esencialmente en algo muy simple. Un libro tiene el mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional. Este precio es fijado libremente por el editor, lo cual lo aleja radicalmente de cualquier noción de precio controlado. El precio único no es nada nuevo ni insólito. Muchos artículos lo tienen. Para no ir más lejos, otros medios impresos, como los periódicos y las revistas tienen precio único, lo que ha facilitado su disponibilidad y accesibilidad en todo el país.

Por otra parte, es evidente que las políticas de descuento al precio del libro han demostrado en todo el mundo ser muy negativas para la homogénea distribución del libro y para su disponibilidad en igualdad de condiciones, ya que produce no sólo la concentración en pocos puntos, sino la reducción de títulos disponibles en el mercado, lo cual atenta contra la diversidad cultural, es decir contra la riqueza que toda cultura supone y limita seriamente las opciones del lector.

En numerosos países que reconocen el enorme valor de libro como vehículo cultural, antes que como una mercancía cualquiera, esta situación se ha percibido como desastrosa y se ha procedido a revertir el proceso formulando y promulgando las leyes pertinentes.

En un mercado donde la guerra de descuentos se desata, el precio de venta aumenta para compensar precisamente esos descuentos, pero aumenta para todos. Los descuentos producen una enorme concentración de la oferta, lo que reduce el número de puntos de contacto entre el libro y su público, elemento crucial de cualquier política de fomento a la lectura. La concentración del mercado en puntos con altos descuentos y que buscan rendimientos rápidos desplaza a un enorme número de títulos de venta más lenta y atenta así contra la diversidad que es la característica esencial del mundo del libro y la librería, además de que produce una distribución muy poco equitativa para el público lector y potencialmente lector del país.

Para lo que entendemos como cultura, diversidad, saber especializado, es mucho mejor contar con 300 títulos que venden mil ejemplares cada uno que un título que vende 300 mil ejemplares; también es mucho mejor tener 300 pequeñas librerías dispersas en todo el territorio y que compiten por su diversidad y por su servicio, que tres grandes en una dos o tres ciudades que compiten con el descuento y se concentran en los títulos de mayor venta, eliminando el resto.

Por lo demás, la experiencia de los efectos de las legislaciones de precio único en el mundo indica que las industrias del libro que se han desarrollado mejor, que gozan de plena salud y que son más capaces de atender a la diversidad de intereses del público lector son aquellas donde el precio único ha generado un entorno favorable, como en España, Alemania y Francia, entre otras, donde el precio del libro tiene un impacto a la baja en el índice de precios al consumidor. Mientras que en Inglaterra, donde se desmanteló el precio único en 1996, las cifras no son muy halagüeñas: los libros han subido de precio muy por encima de la inflación y ha habido una disminución de empleos en el sector, principalmente debida al cierre de librerías y editoriales independientes.

Alemania, por su parte, es el país con la industria editorial más sólida del mundo (7000 librerías y 1200 editoriales, para una población de alrededor de 60 millones, dan fe de ello). Ahí desde tiempo inmemorial ha existido un modelo de precio único. El parlamento alemán aprobó una resolución en 1994 para que el gobierno “hiciera cuanto estuviera a su alcance para oponerse a cualquier iniciativa europeo que pudiera poner en peligro el modelo del precio único”, pues ese sistema es considerado de interés nacional.

En Francia, donde prevaleció un acuerdo histórico de precio único que fue interrumpido en los años setenta, tuvo que legislarse en 1981 con una sensación de emergencia para volver a implantarlo, ahora por ley, por los desastrosos resultados que tuvo en la industria y los lectores la política de ventas con altos descuentos que condujo a un cierre en cascada de librerías y editoriales. En total, diez países de la Unión Europea tienen legislaciones de precio único en la actualidad.

Finalmente es preciso asentar que esta iniciativa de ley se concibe como un primer paso dentro de un proceso gradual que deberá conducir a una situación más saludable del libro y la lectura en nuestro país. México posee el mayor número de hispanohablantes del planeta y su industria debería colocarse a la cabeza de la todas la industrias de la lengua.

Otros países, como España, Colombia y Argentina han entendido la importancia que el libro y la lectura tienen para su desarrollo y le han dado prioridad al libro al facilitar su presencia en la sociedad a través de muy variados apoyos en todos los terrenos. En el mediano plazo, nuestra legislación debe proporcionar todos los instrumentos que nos permitan no sólo consolidar el papel social del libro, sino permitir que el país recupere el terreno perdido en las últimas décadas y vuelva a tener una de las industrias más poderosas del idioma, como sucedía hace treinta o cuarenta años. Para estos fines se tendrán que contemplar en el futuro próximo medidas adicionales que permitan continuar con el apoyo inequívoco al fomento de la lectura y el libro, prioridad indiscutible del Estado mexicano para el desarrollo democrático del país.