El veto del retroceso
Día Siete (22 de octubre, 2006)

Ricardo Nudelman

La Ley del Libro que aprobó por unanimidad la Cámara de Senadores el 6 de marzo pasado, y por mayoría la de Diputados el 26 de abril, y que finalmente fue observada por el Presidente de la República, merece algunas reflexiones. Mis opiniones se apoyan en casi 40 años de experiencia como librero y editor en México y Argentina.

Aunque la ley aprobada por el Congreso trata diversos aspectos del libro y la lectura, el debate público y la observación presidencial se centraron en el tema del “precio único” que, según puedo deducir de las críticas que recibió este capítulo, no fue bien explicado ni entendido.

El artículo 22 de la ley observada dice: “Toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público para los libros que edite o importe. El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único”. Ese “precio único” no se aplicará a las compras del Estado (como el programa de Biblioteca de Aula) de las bibliotecas o a las escuelas y universidades (art. 25), o a los libros editados o importados con tres años de anterioridad (art. 26), ni tampoco a los libros antiguos, usados, descatalogados, agotados y artesanales (id.).

Con todo respeto, creo que alguno los críticos del “precio único” deberían tomar en cuenta, por lo menos, esta clara definición, así como las excepciones que fija la propia ley, antes de afirmar que se trata de un ataque a la libertad comercial o que constituye un monopolio destinado a favorecer a las empresas libreras y editoriales ineficaces en detrimento de las eficaces.

Una aclaración previa: el precio de los libros siempre fue fijado por los editores e importadores. Es igual que en cualquier otro caso de una manufactura: quien fabrica fija el precio según sus costos y utilidad. Y el mercado dirá si ese precio es o no aceptable. La nueva ley del libro no modifica esto. El productor seguirá fijando libremente su precio cuando el libro es lanzado al mercado, o podrá cambiarlo cuando crea que necesario hacerlo. La diferencia que establece la nueva ley con la situación anterior es que durante tres años el precio de venta al público de cada libro – es decir, de cada uno de los títulos que se publican o se importan- deberá ser igual en toda la República.

Se ha dicho también que con la nueva ley “un ejemplar del Quijote de la Mancha en la versión más austera que edite el Fondo de Cultura Económica, costará exactamente lo mismo que un ejemplar lujosamente empastado y editado por un editor de España” (Reforma, 15 de agosto de 2006, Negocios). No es así. El ejemplar austero publicado por el FCE costará en todo el país lo que el FCE fije como precio de su libro, y el Quijote español empastado y lujoso costará en todo el país lo que su importador registre como precio. Una cosa es lo que dice la ley, y otra lo que se interpreta que dice.

En otro caso, alguien se preguntó “quién sabe qué fumaron los legisladores que se dejaron cabildear por la industria editorial”, porque “esta ley es un dislate” (Milenio, 23 de agosto de 2006). No creo que haya sucedido esto. Porque de lo contrario tendríamos que pensar que los legisladores que aprobaron leyes similares de precio único en países como España, Dinamarca, Alemania, Japón , Argentina, etc., también estarían fumados, y el público lector de estos países, que compran sus libros en librerías que están regidas por leyes similares, ha vivido en el error.

Fuera de estas exageraciones, lo que es cierto es que durante los tres años que fija la ley desde la aparición del libro nacional o desde la importación del libro, las librerías no podrán dar descuentos al público. Insisto, en libros recién aparecidos y durante tres años. ¿Por qué creo que esto favorece a los lectores? Porque durante tres años la competencia entre las librerías se hará por la calidad del servicio y por la diversidad de la oferta y no por el precio. ¿Por qué creo que esto favorece a las librerías? Porque durante esos tres años las librerías podrán competir por calidad de servicio y diversidad de oferta, con lo cual podrán sobrevivir aunque su volumen de compra sea inferior a la de los grandes compradores.

¿Se encarecerá el precio de los libros por la eliminación de los descuentos que otorgan las grandes cadenas libreras y los centros comerciales como consecuencia de la aplicación de la ley? Me parece que no. Lo que sucede hoy en la industria editorial es que en el precio que fija el editor o el importador se incluye de antemano el descuento mayor que tendrá que otorgarle a las grandes cadenas, descuento con el que no se benefician las pequeñas y medianas librerías. Como consecuencia de esto, el precio es inflado artificialmente aunque después, con el descuento que el librero otorga al público, baja en forma significativa en las cadenas, pero no en todas las librerías.

¿Qué sucederá ahora, después de que el señor Presidente observó el capítulo de la ley referido al precio único? El Congreso de la Unión deberá volver a discutir la ley y las observaciones, y para ello es muy útil el debate que se produjo en los últimos días en diversos medios, en el cual intervinieron libreros, editores, gente vinculada a la cultura, miembros de la Cofeco (Comisión Federal de Competencia, que fue quien proveyó del insumo intelectual a los que se opusieron a la ley), entre otros. En mi opinión, si los legisladores no insisten en la aprobación de la ley con la inclusión del precio único, la realidad que vivimos desde hace muchos años en México no cambiará, y por el contrario empeorará: seguirán cerrándose librerías medianas y pequeñas, se publicarán tirajes cada vez menores de las ediciones, se encarecerá en forma ficticia el precio de los libros, etc. Es decir, retrocederíamos cada vez más. Quienes tengan los recursos económicos suficientes canalizarán sus compras de libros hacia Amazon o las distribuidoras on line de España. Y los que no tengan esos recursos, se las tendrán que arreglar como puedan, porque para eso somos libres.